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En su primer mes de gestión como director general de la Unidad para las Víctimas, Adith Rafael Romero consolidó una gestión cercana a los territorios, con avances significativos en atención, reparación y diálogo directo con las víctimas del conflicto armado en distintas regiones del país.
Durante sus primeros 30 días en el cargo, Romero lideró la estrategia nacional “Del escritorio al territorio”, mediante la cual visitó los departamentos de Chocó, Santander, Atlántico, Huila, Nariño y Caldas, con el fin de fortalecer la presencia institucional, supervisar procesos y escuchar de manera directa a las comunidades afectadas.
“Gracias a esta estrategia, se entregaron 12.588 cartas de indemnización a 9.846 víctimas, con una inversión de más de $120.999 millones. Así mismo, se destinaron $2.651 millones en ayudas humanitarias para atender a 3.888 hogares y 12.432 personas afectadas por hechos como desplazamiento, confinamiento y reclutamiento forzado, principalmente en regiones como Catatumbo, Antioquia, Bolívar, Caquetá, Chocó y Amazonas”, expresó el Romero.
En materia de reparación colectiva, la entidad avanzó en el cierre de la fase de alistamiento de ocho sujetos, incluyendo comunidades étnicas, campesinas y organizaciones de víctimas. Se protocolizaron 14 Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) y se implementaron 29 acciones de reparación. Además, 14 sujetos étnicos fueron indemnizados con una inversión cercana a $9.198 millones.
Otro de los logros destacados fue la instalación de la Comisión de Financiamiento de la Ley de Víctimas, una instancia clave para garantizar la sostenibilidad de los recursos destinados a la atención de las más de 9,9 millones de víctimas reconocidas en el país. “La paz no se decreta, se financia”, expresó el director durante la instalación de esta comisión.
En cuanto a retornos y reubicaciones, la Unidad acompañó procesos como el retorno del pueblo Emberá Katío en Bagadó (Chocó) y la reubicación de 93 víctimas del Catatumbo en predios adjudicados por la Agencia Nacional de Tierras en el Tolima. También se brindó atención integral a víctimas de la Asociación Bellacruz en Maní (Casanare) y se instalaron mesas de trabajo con voceros Emberá en Bogotá para avanzar en su retorno voluntario a los municipios de Bagadó y Pueblo Rico.
Romero también sostuvo diálogos directos con organizaciones de derechos humanos como CREDHOS, ASORVIMM, la Mesa de Víctimas Municipal y colectivos LGBTIQ+ en el Magdalena Medio. En Malambo – Atlántico, lideró la reapertura del Punto de Atención y compartió con más de 600 niños y jóvenes víctimas en el ArteFest 2025.
Con estas acciones, la Unidad para las Víctimas reafirma su compromiso con una gestión más humana, participativa y centrada en garantizar los derechos de quienes han sufrido los impactos del conflicto armado. “Nuestra tarea es escucharlas, garantizar sus derechos y construir confianza desde lo local”, concluyó Romero.
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