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La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas continúa cumpliendo su compromiso con las comunidades afectadas por el conflicto armado, mediante jornadas masivas de atención que incluyen orientación en el uso de los recursos y actualización de datos.
El énfasis estará puesto en la protección de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad, garantizando que los recursos recibidos se traduzcan en oportunidades de bienestar, sostenibilidad económica y fortalecimiento familiar. Para ello, se han implementado mecanismos como encargos fiduciarios y estrategias de acompañamiento, que promueven la participación activa de las víctimas en la gestión de su dinero.
En total, se entregarán más de $4.200 millones, reafirmando la apuesta del Estado por la reparación integral y la dignificación de las víctimas.

En Barrancabermeja, 238 personas víctimas del conflicto armado recibirán sus cartas de indemnización administrativa, en una jornada que se desarrollará entre las 8:00 a.m. y las 12:00 m.. La actividad contará además con un espacio pedagógico denominado “Charla de inversión adecuada de recursos”, liderado por profesionales de la Unidad, cuyo propósito es guiar a los beneficiarios hacia un uso responsable de la indemnización.
«Hoy, con dignidad, la recomendación que le damos a las víctimas es hacer un retiro adecuado de estos recursos que a cada uno se les ha asignado, y, a su vez, que con dignidad inviertan este recurso en lo que les genere felicidad. Si quieren remodelar su casa, si quieren apoyar un emprendimiento, si quieren hacer alguna compra de un predio, de una casa, de un lote, eso que les permita llenar, que esto sea un momento importante. Si bien esta suma no repara un 100% ese hecho lamentable que estas víctimas tuvieron que vivir, es una oportunidad para que ellos tengan un momento feliz en su vida». Expresó Oscar Vera, Director Territorial
De acuerdo con cifras oficiales, a corte de agosto de 2025 ya se han entregado 451 indemnizaciones en Barrancabermeja, con una inversión acumulada que supera los $7.100 millones de pesos.
Estos procesos buscan no solo resarcir económicamente el daño causado, sino también brindar herramientas que fortalezcan el proyecto de vida de quienes han sufrido los impactos de la violencia.
