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El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Barrancabermeja ordenó suspender de manera provisional un contrato firmado entre la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja y la empresa Racionalizar S.A.S., cuyo valor asciende a $369 millones, y que tenía como objetivo realizar un estudio para la transformación institucional de EDUBA, la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social del municipio.
La decisión se tomó tras una demanda presentada por la Procuraduría, que solicitó la medida cautelar al considerar que el contrato podría haberse celebrado sin cumplir los requisitos legales y vulnerando la autonomía administrativa de EDUBA.
¿Por qué se suspendió el contrato?
Según el juez, existen indicios serios de irregularidades en la forma como se contrató el estudio, entre ellas:
•Falta de competencia: El contrato fue firmado por la Dirección de Talento Humano de la Alcaldía, cuando, de acuerdo con la ley y los estatutos de EDUBA, solo la Junta Directiva de la empresa puede autorizar decisiones sobre su estructura y transformación.
•Ausencia de autorización: No hay evidencia de que la Junta Directiva de EDUBA haya aprobado o solicitado el estudio contratado.
•Proceso previo fallido: Antes del contrato directo, se intentó realizar un concurso de méritos, que fue declarado desierto porque los oferentes incluida Racionalizar S.A.S. no cumplieron los requisitos.
•Riesgo para el interés público: El juez consideró que permitir la ejecución del contrato podría generar daños irreversibles, ya que una transformación institucional no es fácilmente reversible.
¿Qué decidió el juez?
El despacho judicial concluyó que era más grave para el interés público permitir que el contrato continuara que suspenderlo, por lo que ordenó:
•Suspender la ejecución del contrato No. 4517 de 2025, firmado el 31 de octubre de 2025.
•Detener cualquier avance del estudio hasta que se decida de fondo la legalidad del contrato.
¿Qué sigue ahora?
La suspensión es temporal y no define aún si el contrato es definitivamente nulo. El proceso judicial continuará para determinar si el contrato debe anularse de manera definitiva o no.
Mientras tanto, EDUBA no podrá avanzar en ningún proceso de transformación institucional derivado de este contrato, hasta que haya una decisión final de la justicia administrativa.
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