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El Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió de manera provisional el decreto del Gobierno nacional que buscaba reorganizar el funcionamiento de las Entidades Promotoras de Salud, EPS y que implicaba el traslado masivo de millones de afiliados dentro del sistema.
La medida judicial frena temporalmente el Decreto 182 de 2026, el cual contemplaba el traslado de cerca de seis millones de usuarios entre distintas EPS, de los cuales aproximadamente 2,6 millones serían asignados a la Nueva EPS.
Según el tribunal, la norma podría afectar derechos fundamentales de los usuarios, como la libre elección de la EPS y el acceso adecuado al servicio de salud, además de generar una concentración excesiva de afiliados en una sola entidad.
“De llegarse a materializar el traslado de un elevado número de usuarios a una única EPS sin verificar su capacidad de atención, podría dar lugar al colapso de la entidad y resultados catastróficos que podrían significar, incluso, afectaciones generalizadas y potencialmente irreparables en la continuidad y oportunidad del servicio”, señala el documento emitido por el juzgado.
La decisión también advierte que de aplicarse el decreto, en más de 500 municipios del país la Nueva EPS podría quedar como la única entidad operando, lo que limitaría las opciones de los afiliados y podría generar presiones sobre la capacidad de atención del sistema.
El fallo corresponde a una medida cautelar, lo que significa que el decreto queda suspendido mientras la justicia analiza de fondo la legalidad de la norma y determina si puede o no aplicarse.
Entre tanto, los usuarios del sistema de salud seguirán afiliados a sus EPS actuales, hasta que exista una decisión definitiva sobre este proceso judicial.
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