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El sismo de magnitud 7,4, registrado el pasado 10 de agosto, dejó una huella profunda en varias regiones del país: más de 300 personas murieron, cerca de 4.500 resultaron heridas y más de 400.000 colombianos se vieron afectados por la emergencia.
El desastre también dejó miles de viviendas destruidas o averiadas, además de daños en hospitales, escuelas, vías y otras estructuras fundamentales. Solo en los primeros balances oficiales se contabilizaron más de 30.000 viviendas completamente destruidas y unas 152.000 con algún nivel de afectación.
Durante las primeras semanas, la prioridad fue encontrar sobrevivientes y atender a los heridos. Hoy, un mes después, el desafío es todavía mayor: garantizar vivienda, recuperar la infraestructura y llevar asistencia a las comunidades que permanecen en condiciones de vulnerabilidad.
El Gobierno ha estimado que la reconstrucción podría superar los 30 billones de pesos y extenderse durante varios años.
La tragedia también dejó una lección: Colombia no solo necesita capacidad para responder después de un terremoto, sino fortalecer la prevención y reducir la vulnerabilidad de sus territorios.
Mientras las comunidades de las zonas más afectadas intentan recuperar sus viviendas, sus negocios y sus fuentes de empleo, el balance también muestra una importante movilización del sector empresarial.
Empresas, gremios y familias empresarias han comprometido más de 1,6 billones de pesos en ayudas, programas de recuperación y proyectos destinados a atender la emergencia y respaldar la reconstrucción de los territorios afectados.
Uno de los primeros grandes esfuerzos se produjo durante la cumbre de la ANDI, donde los empresarios reunieron cerca de 202.000 millones de pesos para los damnificados. A esto se sumaron aportes individuales de grandes grupos empresariales, entre ellos los 100.000 millones de pesos destinados por la familia Santo Domingo y los 12.000 millones de Bavaria para apoyar la recuperación de micronegocios.
Pero la respuesta no se ha quedado únicamente en las donaciones. El empresariado también ha comenzado a concentrar esfuerzos en la reactivación económica, especialmente de pequeños comerciantes y emprendedores que perdieron sus negocios.
En este frente se habilitó un fondo de 5.000 millones de pesos para capital semilla, con el propósito de beneficiar a cerca de 1.000 emprendedores damnificados.
El sector financiero, por su parte, anunció alivios crediticios cercanos a 1,1 billones de pesos, con medidas como periodos de gracia y modificaciones en las condiciones de los créditos para familias y pequeñas empresas afectadas.
Y uno de los compromisos más ambiciosos apunta a la infraestructura. Gobierno y empresarios acordaron destinar alrededor de un billón de pesos para recuperar la conectividad, las carreteras y obras estratégicas en el Chocó, utilizando, entre otros mecanismos, el modelo de Obras por Impuestos.
Incluso proyectos de impacto urbano y turístico, como el Malecón de Quibdó, hacen parte de los compromisos planteados para contribuir a la recuperación económica de la región.
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