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Una nueva alerta pone la lupa sobre la situación de seguridad en el Magdalena Medio. La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, CREDHOS, presentó una acción urgente para exigir garantías para la vida e integridad de comunidades campesinas, afrocolombianas, ribereñas y pescadores artesanales de la región, incluyendo Barrancabermeja, Puerto Wilches, Yondó y municipios del sur de Bolívar.
El documento advierte sobre la circulación reciente de panfletos, amenazas, banderas y propaganda atribuida a diferentes estructuras armadas. En Barrancabermeja, CREDHOS señala que el pasado 14 de agosto fueron instaladas pancartas y distribuidos panfletos atribuidos al denominado Frente 12 “Isaías Pardo”, en las entradas de la ciudad y en las instalaciones de un reconocido medio de comunicación.
La alerta también recoge hechos ocurridos en otros municipios de la región. En Puerto Wilches se habría difundido un comunicado en el que pobladores fueron declarados objetivo militar; mientras que en Morales, sur de Bolívar, circuló un panfleto atribuido al ELN mediante el cual se anunció un paro armado.
Uno de los hechos más graves relacionados por la organización ocurrió el 24 de agosto, cuando Francisco Sierra Mendoza fue asesinado en el sector de Puerto Argentina, jurisdicción de Yondó, después de haber sido retenido en zona rural de Cantagallo. CREDHOS atribuye este hecho a integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, según la información consignada en la acción urgente.
Días después, el 30 de agosto, la organización documentó la retención de Jairo Posada Arias en la vereda Trasmayo, en Cantagallo, quien posteriormente fue trasladado hacia zona rural de Yondó y asesinado. El documento atribuye estos hechos a integrantes de las AGC y relaciona varios alias y estructuras señaladas dentro de la zona.
Para CREDHOS, estos hechos hacen parte de un escenario más amplio de disputa y consolidación del control territorial por parte de diferentes grupos armados. La organización sostiene que las comunidades estarían quedando atrapadas en medio de intereses relacionados con el control de corredores estratégicos, territorios y economías legales e ilegales.
La advertencia incluye amenazas, homicidios selectivos, extorsiones, restricciones a la movilidad, imposición de normas de conducta, reclutamiento y desplazamiento forzado. CREDHOS señala además que durante 2025 ya se registraron desplazamientos forzados masivos en comunidades del sur de Bolívar y el Valle del Río Cimitarra.
Ante este panorama, la organización pidió al Estado acciones preventivas y no esperar a que ocurran nuevos hechos violentos. Entre las solicitudes están activar rutas de prevención y protección, realizar verificaciones en terreno, activar rutas humanitarias y poner en marcha mecanismos de protección colectiva para las comunidades y sus liderazgos.
La solicitud también fue dirigida a la Fiscalía para que investigue los homicidios, amenazas y demás delitos relacionados, bajo un enfoque que permita establecer posibles conexiones entre los diferentes hechos y las estructuras señaladas.
La preocupación de fondo es clara: mientras las comunidades rurales y ribereñas denuncian amenazas y hechos violentos, CREDHOS pide que la respuesta institucional sea anticipada y no llegue después de nuevas víctimas. La organización solicitó a las autoridades informar, dentro de los términos legales, qué medidas fueron adoptadas frente a esta acción urgente.
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