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Delitos y más delitos en sesiones del Concejo en otro endeudamiento de Jonathan Vásquez: De La Ossa

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El Concejo Distrital estudia una nueva autorización de crédito que inicialmente rondaba los $74 mil millones y que, tras modificaciones en comisión, se acercaría a los $100 mil millones. La discusión se da mientras continúa el seguimiento a los recursos del empréstito aprobado en 2024.

Barrancabermeja vuelve a abrir el debate sobre el manejo de sus finanzas públicas. En el Concejo Distrital avanza la discusión de un nuevo proyecto de acuerdo que busca autorizar a la Administración Distrital para contratar un empréstito, cuyo monto habría pasado de cerca de $74 mil millones a alrededor de $100 mil millones durante su trámite en comisión.

El nuevo crédito llega en un momento en el que todavía existen cuestionamientos ciudadanos sobre la ejecución del empréstito aprobado en 2024 por $202 mil millones, destinado a financiar diferentes proyectos de infraestructura. En julio de este año, incluso, un grupo de ciudadanos promovió la convocatoria de un cabildo abierto para conocer el estado de las obras financiadas con esos recursos y establecer cuánto se ha ejecutado, qué proyectos permanecen pendientes y cuál ha sido el comportamiento de los contratos.

La dimensión de la discusión también puede observarse en el presupuesto distrital. Para la vigencia 2026, Barrancabermeja cuenta con un presupuesto general superior a $1,094 billones, dentro del cual se apropiaron más de $75.981 millones para el servicio de la deuda pública.

Es precisamente sobre este escenario que se han levantado voces de preocupación. Durante la discusión del nuevo empréstito, el abogado Gustavo de la Ossa advirtió a los concejales que, si el proyecto es aprobado, emprendería acciones judiciales y sostuvo que habría identificado cinco presuntas irregularidades en el trámite.

De la Ossa también cuestionó que se pretenda contratar una nueva obligación mientras todavía existen proyectos asociados al crédito anterior que, según sus señalamientos, presentan retrasos, modificaciones, adiciones o permanecen sin contratar. Estas afirmaciones corresponden a sus cuestionamientos y deberán ser contrastadas con los informes oficiales de ejecución de cada proyecto.

Uno de los principales puntos de discusión es cuánto terminará pagando el Distrito por concepto de capital e intereses. De acuerdo con los cálculos expuestos por De la Ossa, el nivel de endeudamiento podría crecer considerablemente durante los próximos años y los intereses representarían una carga de cientos de miles de millones de pesos.

El debate adquiere mayor relevancia porque el Distrito ya tiene compromisos financieros vigentes. Los documentos presupuestales de 2026 contemplan recursos específicos para atender el servicio de la deuda, mientras que la Alcaldía mantiene publicados sus estados financieros con corte al 30 de junio de 2026, documentos que permiten hacer seguimiento al comportamiento de las obligaciones financieras de la entidad.

A esto se suma el debate alrededor de Foncolombia y el manejo de recursos provenientes de estampillas. Foncolombia registra durante 2026 procesos contractuales relacionados, entre otros asuntos, con el mantenimiento y adecuación de infraestructura vial del Distrito.

La discusión, por tanto, no se limita a determinar si Barrancabermeja puede contratar un nuevo crédito. El punto central es establecer cuánto debe actualmente el Distrito, cuánto ha desembolsado de los créditos anteriores, qué porcentaje de las obras comprometidas ya está terminado, cuánto falta por ejecutar y cuánto terminarán costando esas obligaciones financieras, incluidos los intereses.

El Concejo Distrital tendrá ahora la responsabilidad de analizar las condiciones financieras y jurídicas del nuevo empréstito antes de definir su aprobación. Mientras tanto, el debate ciudadano se concentra en una pregunta de fondo: ¿es necesario asumir una nueva deuda mientras todavía se encuentra en ejecución parte de la inversión financiada con el crédito anterior?

La respuesta deberá estar sustentada en cifras oficiales, estudios financieros, avance real de los proyectos y la capacidad de pago del Distrito, más allá de las posiciones políticas o de las denuncias formuladas durante el debate.

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