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La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 12 comparecientes por su presunta responsabilidad en la denominada toma paramilitar de Barrancabermeja, ocurrida entre 1998 y 2000.
La decisión involucra a nueve antiguos integrantes del Ejército Nacional, dos de la Policía y un capitán retirado del Ejército que posteriormente trabajó en el área de seguridad del Complejo Industrial de Barrancabermeja de Ecopetrol y terminó vinculado como mando paramilitar del Bloque Central Bolívar.
Según la JEP, los investigados habrían participado en una alianza entre miembros de la Fuerza Pública, un funcionario del área de seguridad de Ecopetrol y estructuras paramilitares, cuyo propósito era expulsar de la ciudad a quienes eran identificados como integrantes o colaboradores de la guerrilla.
La Sala de Reconocimiento estableció que esa estigmatización terminó alcanzando no solamente a combatientes, sino también a habitantes de los barrios orientales, organizaciones sindicales, movimientos sociales y defensores de derechos humanos, convirtiéndolos en objetivos de una violencia sistemática.
431 asesinados y 85 desaparecidos
Uno de los aspectos más contundentes de la decisión es la dimensión de los hechos documentados por la justicia.
La JEP determinó que entre el 8 de enero de 1998 y el 29 de diciembre de 2000, al menos 431 personas fueron asesinadas y otras 85 fueron víctimas de desaparición forzada en Barrancabermeja.
Además, la investigación reconstruyó 14 masacres, junto con asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y actos de persecución contra sectores de la población y organizaciones sociales. En total, la Sala identificó inicialmente 473 víctimas individuales relacionadas con los hechos de la toma paramilitar.
La JEP también destacó el incremento dramático de hechos atribuidos a agentes del Estado durante 1998: pasaron de 22 a 310 casos, un aumento superior al 1.309 %, coincidiendo con el inicio de la toma paramilitar identificada por la justicia.
La masacre del 16 de mayo, punto de partida
La decisión judicial establece que la masacre del 16 de mayo de 1998 fue el acto inaugural de la toma paramilitar.
Aquella noche, cerca de 50 hombres armados ingresaron a Barrancabermeja en vehículos, recorrieron sectores de los barrios orientales, asesinaron a siete personas y se llevaron a otras 25, quienes posteriormente fueron trasladadas a San Rafael de Lebrija, donde fueron torturadas, asesinadas y desaparecidas, según lo establecido por la Sala.
La JEP también documentó otras incursiones, entre ellas la masacre del 1 y 2 de agosto de 1998, que dejó 11 personas asesinadas y cuatro heridas; la del 28 de febrero de 1999, con ocho personas asesinadas y dos desaparecidas; y la del 4 de octubre de 2000, en los barrios El Cerro y El Castillo, donde fueron asesinadas seis personas, entre ellas dos menores de edad.
USO y CREDHOS, entre los principales objetivos
La investigación también concluyó que la persecución contra la Unión Sindical Obrera, USO, y la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, CREDHOS, hizo parte de los objetivos estratégicos de la toma.
La JEP documentó asesinatos, desapariciones, seguimientos de inteligencia, infiltraciones, amenazas, atentados y desplazamientos contra integrantes de estas organizaciones.
Para llegar a estas conclusiones, la Sala revisó archivos de inteligencia militar, documentos de diferentes unidades del Ejército y la Policía y del área de seguridad de Ecopetrol. También analizó 35 versiones voluntarias, 10 declaraciones juradas, 60 informes, 33 sentencias de Justicia y Paz, además de los aportes realizados por las víctimas.
Casi tres décadas después, la búsqueda de justicia continúa
Para las víctimas y sus familias, la decisión representa un nuevo capítulo en una búsqueda de verdad y justicia que se ha extendido durante casi tres décadas.
La JEP resaltó el papel de las organizaciones sociales y de los colectivos de víctimas que han mantenido la memoria de las masacres y la búsqueda de las personas desaparecidas.
Ahora, los 12 comparecientes serán notificados y tendrán 15 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o controvertir la imputación. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tendrán el mismo plazo para presentar observaciones.
Si los comparecientes reconocen responsabilidad y aportan verdad, el proceso podrá avanzar hacia sanciones restaurativas. Si no reconocen los hechos, sus casos podrían ser remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP y, de establecerse su responsabilidad, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.
La JEP también anunció un diálogo con Ecopetrol y los representantes judiciales de las víctimas, como parte de una ruta restaurativa orientada a abordar los hallazgos, los patrones de victimización y los daños ocasionados durante este oscuro capítulo de la historia de Barrancabermeja.
La decisión marca un momento histórico para Barrancabermeja: por primera vez, la JEP imputa a integrantes de la Fuerza Pública por el conjunto de hechos criminales que configuraron la toma paramilitar de la ciudad.
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