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Una de las primeras decisiones del nuevo Gobierno de Abelardo De La Espriella en materia de seguridad fue ordenar el traslado de 117 personas privadas de la libertad consideradas de alto perfil, varias de ellas vinculadas a procesos de negociación de paz adelantados durante la administración de Gustavo Petro.
La operación fue ejecutada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – Inpec, y comenzó horas antes de la posesión presidencial del 7 de agosto. De acuerdo con la Presidencia, los internos fueron trasladados a establecimientos penitenciarios de alta seguridad ubicados en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne.
El Gobierno aseguró que la decisión hace parte de una estrategia para recuperar el control de los establecimientos penitenciarios y evitar que estructuras criminales continúen utilizando las cárceles como centros de coordinación de actividades delictivas.
103 cabecillas fueron trasladados desde Itagüí
Uno de los principales movimientos se registró en la cárcel La Paz de Itagüí, Antioquia, donde se encontraban recluidos varios cabecillas de organizaciones criminales del Valle de Aburrá que habían participado en la denominada mesa de paz urbana.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó el traslado de 103 internos y señaló entre los reclusos movilizados a reconocidos cabecillas de estructuras criminales.
Entre los nombres mencionados aparecen alias ‘Douglas’, ‘Carlos Pesebre’ y ‘El Indio’, además de otros integrantes de organizaciones que participaron en los acercamientos de paz urbana. También se conoció que entre los trasladados estaría el exparamilitar Hernán Giraldo.
Uno de los casos que genera mayor atención es el de José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’, identificado como uno de los principales cabecillas de la banda La Terraza y antiguo integrante de la Oficina de Envigado. Su nombre estuvo relacionado con las conversaciones de paz urbana impulsadas durante el gobierno anterior.
Cambio en la política penitenciaria
La decisión marca una diferencia frente al manejo que tuvo el Gobierno de Gustavo Petro con algunos integrantes de organizaciones criminales vinculados a los procesos de Paz Total y diálogos sociojurídicos.
La nueva administración sostiene que la condición de participante en un proceso de negociación no puede convertirse en una excepción frente al cumplimiento de las normas penitenciarias ni permitir que los centros carcelarios sean utilizados para mantener el control de organizaciones delincuenciales.
Desde la Presidencia se advirtió que quienes pretendan utilizar las cárceles para continuar coordinando actividades criminales serán sometidos a las acciones de la justicia.
Con estos primeros traslados, el Gobierno de De La Espriella busca enviar una señal clara sobre su política de seguridad: mayor control penitenciario, aislamiento de los principales cabecillas y restricción de las comunicaciones desde las cárceles con las estructuras criminales que operan en las calles.
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