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La muerte de la colombiana Yulixa Toloza en Bogotá, luego de someterse a un procedimiento estético en una clínica que presuntamente no contaba con los permisos requeridos, volvió a encender las alarmas en el país sobre el crecimiento de centros clandestinos que ofrecen cirugías invasivas sin garantías médicas ni controles sanitarios.
El caso ha puesto nuevamente la atención sobre Medellín y el departamento de Antioquia, regiones que hoy encabezan las cifras de fallecimientos relacionados con procedimientos estéticos inseguros en Colombia. Según reportes conocidos por las autoridades y organismos de salud, en los últimos dos años se han registrado al menos 17 muertes asociadas a este tipo de intervenciones en esa zona del país.
Aunque Medellín se ha consolidado como uno de los principales destinos de turismo médico y estético en Latinoamérica, también enfrenta una problemática creciente por la proliferación de clínicas de “garaje” que operarían sin habilitación, sin especialistas certificados y, en muchos casos, en condiciones precarias.
En lo corrido de 2026 ya se reportó una nueva víctima fatal. Se trata de Carolina Merchán Jaramillo, una mujer de 30 años oriunda de Sabaneta, quien falleció el pasado 28 de febrero tras presentar complicaciones derivadas de una abdominoplastia y liposucción practicadas en un establecimiento de la comuna 14, El Poblado.
Las autoridades sanitarias han intensificado los operativos de inspección y vigilancia en distintos sectores de Medellín para identificar centros ilegales y verificar que las clínicas habilitadas cumplan con las normas exigidas por el Ministerio de Salud. Sin embargo, la preocupación persiste debido al aumento de ofertas engañosas a través de redes sociales, donde se promocionan procedimientos a bajo costo y sin respaldo profesional.
Expertos del sector salud advierten que muchas personas terminan poniendo su vida en manos de falsos especialistas atraídas por precios económicos o promociones rápidas, sin verificar la experiencia del médico ni las condiciones del lugar donde serán intervenidas.
Las recomendaciones de las autoridades incluyen revisar que las clínicas estén habilitadas por las secretarías de salud, confirmar que los cirujanos pertenezcan a asociaciones médicas reconocidas y desconfiar de procedimientos ofrecidos en viviendas o establecimientos improvisados.
Mientras avanzan las investigaciones por los recientes casos, familiares de víctimas exigen mayores controles y sanciones ejemplares contra quienes continúan poniendo en riesgo la vida de cientos de personas bajo la fachada de centros estéticos.








