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Un proyecto que prometía transformar la generación de energía en Barrancabermeja ahora está bajo la lupa de la Procuraduría General de la Nación. La iniciativa de granjas solares, que contempla una inversión superior a los $28.000 millones, entró en una etapa de seguimiento por parte del Ministerio Público.
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/procuraduria-seguimiento-preventivo-proyecto-paneles-solares-barrancabermeja-santander.aspx
La intervención de la Procuraduría vuelve a poner sobre la mesa una pregunta: ¿cómo se están manejando los recursos destinados a este proyecto y qué controles existen para garantizar que cada peso cumpla con su propósito?
El seguimiento está relacionado con el contrato OBR-SLC-001-2026, ejecutado a través de Foncolombia, un fondo mixto. Precisamente este modelo de contratación es uno de los aspectos que despierta especial atención, teniendo en cuenta que el proyecto involucra recursos provenientes del Sistema General de Regalías.
¿Por qué las regalías cambian las reglas del juego?
La Procuraduría destacó un concepto de Colombia Compra Eficiente, según el cual los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías deben cumplir las reglas de contratación pública, incluso cuando su ejecución esté a cargo de entidades que normalmente se rigen por un régimen contractual diferente.
Esto es una actuación cuyo propósito es identificar posibles riesgos antes de que puedan afectar los recursos públicos, el desarrollo del proyecto o los derechos de las comunidades.
No solo están bajo la lupa los contratos
La Procuraduría también anunció que verificará aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones legales, los compromisos adquiridos y las condiciones ambientales de los terrenos contemplados para el proyecto.
Y este último punto no es menor.
La construcción de infraestructura para generación de energía solar implica intervenir determinados terrenos, por lo que también deben analizarse las condiciones ambientales y las posibles afectaciones a las comunidades que puedan estar relacionadas con esos predios.
Por eso, el seguimiento busca revisar el proyecto desde diferentes frentes: contratación, recursos públicos, cumplimiento institucional, ambiente y derechos de las comunidades.
Un proyecto de $28.000 millones que genera preguntas
Cuando un proyecto maneja una inversión de esta magnitud y utiliza recursos públicos, el control y la transparencia se convierten en asuntos fundamentales.
La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se contrataron las obras, quién las ejecuta, bajo qué condiciones, cuánto dinero se ha comprometido y cuáles son los resultados que se esperan obtener.
Y justamente ahí aparece uno de los interrogantes centrales: ¿el modelo utilizado para ejecutar el proyecto garantiza los mismos niveles de transparencia y control que exige cualquier contratación financiada con recursos de regalías?
La Procuraduría ahora deberá avanzar en su seguimiento y establecer si las entidades involucradas están cumpliendo las obligaciones que les corresponden.
¿Usted considera que proyectos de más de $28.000 millones financiados con recursos públicos y regalías deberían tener un control ciudadano y estatal mucho más estricto?
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