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La muerte de un bebé de apenas 40 días de nacido ha generado profunda conmoción e indignación en Santander. El menor, diagnosticado con síndrome de Down y una cardiopatía congénita, falleció mientras esperaba ser trasladado a una clínica especializada donde necesitaba atención urgente de alta complejidad.
El niño había sido remitido desde Málaga hasta Bucaramanga tras presentar complicaciones respiratorias. En el Hospital Universitario de Santander, los médicos confirmaron que sufría hipertensión pulmonar severa y requería con urgencia un procedimiento ECMO, utilizado en pacientes críticos con fallas cardíacas o respiratorias.
Días antes de su fallecimiento, los padres del menor grabaron videos pidiendo ayuda para lograr la autorización del traslado. Entre lágrimas, denunciaron que la atención habría sido frenada por temas administrativos y económicos.
La historia ha golpeado especialmente a la comunidad por la condición médica del bebé y por la angustia vivida por sus padres, quienes aseguraban que cada minuto era vital para salvarle la vida.
El interventor de Nueva EPS confirmó que se abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido y cuestionó que una institución médica condicionara la atención del menor a pagos o convenios económicos.
El caso volvió a poner sobre la mesa las críticas al sistema de salud en Colombia, especialmente frente a pacientes con enfermedades de alta complejidad que dependen de autorizaciones y traslados urgentes.
Hoy el país se pregunta:
¿Hasta qué punto los trámites administrativos y económicos están afectando el derecho a la vida de los pacientes más vulnerables?
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