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El Gobierno Nacional ordenó una revisión integral del funcionamiento y la legalidad de las cámaras de fotodetección instaladas en Colombia, con el propósito de determinar si estos dispositivos están cumpliendo su verdadera función: prevenir accidentes y proteger la vida de los usuarios de las vías.
La decisión fue impartida por el presidente Abelardo De la Espriella a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, luego de la controversia generada por la instalación de nuevas cámaras en la Vía al Mar, entre Barranquilla y Cartagena. El Ministerio solicitó suspender la entrada en operación de tres nuevos dispositivos, que se sumarían a los cuatro que ya funcionan en ese corredor.
La revisión no se limitará a la Vía al Mar. Según el Ministerio de Transporte, serán evaluados los sistemas automáticos y semiautomáticos que operan en todo el territorio nacional, verificando aspectos como la autorización de las cámaras, sus soportes técnicos y legales, los niveles de accidentalidad, los límites de velocidad, la señalización y las condiciones particulares de cada corredor vial.
El presidente cuestionó que estos mecanismos puedan convertirse en instrumentos de recaudo y pidió actuar frente a posibles irregularidades. Para el mandatario, las cámaras deben contribuir a la seguridad vial y no convertirse en una carga económica para los ciudadanos.
La ministra Elsa Noguera respaldó la instrucción y aseguró que la revisión se realizará de inmediato. La funcionaria insistió en que la detección electrónica debe estar orientada a prevenir siniestros y salvar vidas, acompañada de medidas de ingeniería vial, señalización, pedagogía y control.
Senador Gustavo Moreno: “se convirtieron en una caja facturadora”
La decisión también revive una de las principales banderas del senador santandereano Gustavo Moreno, quien desde el Congreso ha cuestionado el modelo de fotodetección y ha denunciado que en varias ciudades las cámaras terminaron funcionando más como mecanismos de recaudo que como herramientas de prevención.
En mayo de este año, Moreno aseguró que las investigaciones adelantadas por las autoridades respaldaban sus denuncias y sostuvo que las fotomultas se habían convertido en “una caja registradora a costillas de muchos colombianos”.
El congresista también señaló que el problema tiene un impacto directo en Santander. En Barrancabermeja, más de 130.000 comparendos impuestos mediante cámaras de fotodetección quedaron bajo cuestionamiento por presuntas irregularidades en la autorización y operación de estos sistemas.
Moreno ha insistido además en la necesidad de modificar las reglas que regulan las fotomultas y ha impulsado iniciativas legislativas para reformar el sistema. Su postura ha sido contundente: las cámaras deberían servir para reducir la accidentalidad y no para convertirse en un negocio alrededor de las infracciones de tránsito.
El debate nacional vuelve así a poner bajo la lupa a las fotomultas. Ahora, el Gobierno deberá determinar cuáles sistemas cumplen con los requisitos técnicos y legales y cuáles podrían presentar irregularidades, mientras miles de conductores esperan conocer qué efectos tendrá esta revisión sobre los comparendos ya impuestos.
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