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En el marco de la estrategia “Del escritorio al territorio”, el Director Nacional para las Víctimas del Conflicto Armado, Adith Romero Polanco, adelantó una intensa agenda de tres días en el Magdalena Medio, llevando la oferta institucional directamente a las comunidades más afectadas por la violencia.
El recorrido incluyó Puente Sogamoso, Sabana de Torres y el corregimiento El Llanito, donde se realizaron ferias de servicios, jornadas de actualización de datos y entregas de indemnizaciones, acciones que buscan reducir las barreras que suelen enfrentar las víctimas para acceder a sus derechos.
En Sabana de Torres, la jornada tuvo un hito especial: se entregaron cartas de indemnización a beneficiarios que llevaban años esperando este reconocimiento, además de inaugurarse un nuevo punto de atención, lo que permitirá que cientos de familias no tengan que desplazarse largas distancias para hacer trámites ante la Unidad.
“Se realizó gestión para las Asociaciones de nuestro Municipio, donde se entregaron telas y unos kits para las familias, a su vez se hizo la inauguración de un punto de atención para las más de ocho mil víctimas de Sabana de Torres”. Manifestó Dario Buchenicow, alcalde Sabana de Torres.
Por su parte, en Puente Sogamoso se llevó a cabo una feria institucional donde la comunidad pudo conocer, de primera mano, los programas, acompañamientos y rutas que ofrece la entidad para avanzar en sus procesos de reparación. La misma dinámica se replicó en El Llanito, acercando información, asesoría y orientación en un territorio históricamente golpeado por el conflicto.
“En el territorio del Magdalena Medio, realizamos ofertas de servicios institucionales, orientamos a las personas en sus diferentes casos, en los avances, en la ruta prioritaria, actualizamos el registro único de víctimas. Con estas acciones estamos demostrando que esta estrategia “Del escritorio al territorio” se fortalece”. Afirmó el Director General, Adith Romero Polanco.
Con estas jornadas, la Unidad de Víctimas reafirma su compromiso de estar en campo, escuchar a las comunidades y acelerar los procesos de reparación integral. La apuesta es clara: que las víctimas sientan que el Estado no solo promete, sino que cumple.
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