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La Alcaldía de Barrancabermeja adjudicó un nuevo crédito interno de tesorería al Banco BBVA, una operación que vuelve a poner sobre la mesa el manejo de las finanzas públicas del Distrito y el nivel de compromisos que está asumiendo la administración de Jonathan Vásquez.
De acuerdo con la Resolución 4872 del 21 de julio de 2026, el Distrito adelantó un proceso de selección entre seis entidades financieras: Banco Agrario, Davivienda, Banco de Bogotá, BBVA, Banco Popular y Bancolombia. Luego de evaluar las propuestas, el comité evaluador recomendó adjudicar el contrato al BBVA, entidad que presentó la menor tasa de interés, correspondiente a IBR + 1,36% efectivo anual.
La resolución establece que el contrato corresponde a un crédito interno de tesorería y pignoración de rentas, con una ejecución de cinco meses, contados a partir de la legalización de los contratos ante el Ministerio de Hacienda y la Contraloría Municipal. La adjudicación fue realizada directamente por el alcalde Jonathan Stivel Vásquez Gómez.
El monto de la operación puede llegar hasta los $5.720 millones y, de acuerdo con el contrato, la razón para acudir a esta modalidad de financiación fue una “insuficiencia de caja de carácter temporal” para atender gastos de funcionamiento e inversión.
Este punto abre una discusión adicional, teniendo en cuenta que Barrancabermeja inició 2026 con un presupuesto superior a $1,094 billones. Posteriormente, el Concejo Distrital adicionó $104.666 millones, de los cuales $83.478 millones correspondían a recursos del balance, es decir, recursos que no fueron ejecutados al cierre de 2025 y que fueron incorporados al presupuesto de este año.
A esto se sumó, en julio, una nueva adición de $49.126 millones, incluidos $31.000 millones por mayor recaudo proyectado. En total, durante el año se han incorporado más de $153.793 millones adicionales al presupuesto inicial. Pese a este escenario presupuestal, la Administración recurrió a un nuevo crédito de tesorería argumentando una insuficiencia temporal de caja.
Es importante precisar que el contrato no permite afirmar que los $5.720 millones hayan sido destinados específicamente al pago de nómina o salarios. Lo que sí establece es que la operación busca atender gastos de funcionamiento e inversión y que la Administración identificó una necesidad temporal de liquidez.
Además, se trata de un crédito de corto plazo. El Distrito deberá cancelar la obligación a más tardar el 20 de diciembre de 2026. Si se llegaran a utilizar los $5.720 millones completos durante los aproximadamente cinco meses, el costo financiero podría acercarse a los $324 millones, aunque el valor definitivo dependerá de los desembolsos efectivamente realizados.
¿Hasta dónde quiere llevar Jonathan Vásquez a Barrancabermeja con los empréstitos?
El debate, por tanto, no se limita a un nuevo crédito. La discusión de fondo es hasta qué punto el endeudamiento se convertirá en una de las principales herramientas de financiación del Plan de Desarrollo y qué capacidad de pago tendrá el Distrito en los próximos años.
El Gobierno de Jonathan Vásquez ha defendido los empréstitos como una herramienta para financiar obras que, según la administración, no podrían ejecutarse únicamente con recursos ordinarios. De hecho, el alcalde ha señalado que los créditos están vinculados a proyectos estratégicos y que el aumento del recaudo derivado de la actualización catastral contribuiría al pago de las obligaciones.
Sin embargo, para la ciudadanía la pregunta sigue abierta: ¿cuánto terminará pagando Barrancabermeja por los créditos, intereses y demás obligaciones adquiridas durante esta administración y qué margen financiero quedará para los próximos gobiernos?
El nuevo empréstito de tesorería, aunque tiene características diferentes al crédito de largo plazo autorizado en 2024, vuelve a poner el tema sobre la mesa: Barrancabermeja está financiando parte de sus necesidades y proyectos mediante deuda, mientras el Gobierno Distrital sostiene que estas operaciones permitirán acelerar inversiones y transformar la ciudad.
La discusión, entonces, no debería centrarse únicamente en si las obras son necesarias. También debería responder cuánto cuestan realmente, cuánto se pagará finalmente por ellas, con qué rentas se respaldan los créditos y qué parte de la capacidad financiera de las futuras administraciones quedará comprometida.
Porque una cosa es pedir dinero prestado para transformar una ciudad y otra muy distinta es determinar cuánto le costará esa transformación a los barranqueños durante los próximos años.
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