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Las denuncias relacionadas con la contratación de las granjas solares en Barrancabermeja vuelven a ocupar el centro del debate público, luego de las publicaciones realizadas por medios como Revista Gente y Vanguardia Liberal, que han advertido sobre presuntas irregularidades en la asignación y ejecución de recursos públicos destinados a este proyecto.
El caso tomó mayor relevancia tras la publicación de Vanguardia Liberal, titulada “Granjas solares en Barrancabermeja: $28.004 millones adjudicados a ‘Bachiller’ para obra sin conexión”, en la que se cuestionan aspectos técnicos y contractuales del proyecto, particularmente las condiciones en las que se habría iniciado la obra y la falta de conexión del sistema al momento de la denuncia.
De acuerdo con los documentos y denuncias que han sido puestos en conocimiento de las autoridades, el proyecto “Construcción de granjas solares, como alternativa para beneficiar las comunidades en el Distrito de Barrancabermeja” tendría un valor superior a los $28.004 millones y fue asignado para su ejecución a Foncolombia, entidad que aparece registrada como fondo mixto.
Las preguntas alrededor de Foncolombia
Uno de los principales puntos cuestionados está relacionado con la naturaleza jurídica, composición accionaria y capacidad real de Foncolombia para actuar como ejecutor de recursos públicos.
Según los documentos citados en las denuncias, la entidad fue constituida en marzo de 2021 en Bucaramanga y posteriormente registrada ante la Cámara de Comercio. En los documentos aparecen diferentes integrantes y posteriormente modificaciones en su composición accionaria.
Las denuncias sostienen que el Municipio de Montecristo habría llegado a tener una participación mayoritaria en la entidad. Sin embargo, también se cuestiona la existencia de los actos administrativos que debieron respaldar dicha participación y el traslado de recursos público
Estas circunstancias han generado interrogantes sobre cómo se conformó el fondo, quiénes realizaron efectivamente los aportes, cuál fue el origen de los recursos y bajo qué condiciones Foncolombia terminó participando como ejecutor de millonarios proyectos financiados con recursos públicos. Lo más grave del tema es que
El contrato de las granjas solares…
En el caso de Barrancabermeja, uno de los proyectos que concentra las críticas es el de las granjas solares, por más de $28.000 millones.
Las denuncias han señalado presuntas deficiencias en los estudios previos, permisos, licencias, supervisión y condiciones técnicas para el desarrollo de la infraestructura.
También se ha cuestionado el lugar donde comenzó la intervención y las condiciones ambientales del terreno, debido a que se trataría de un área que anteriormente había sido objeto de procesos de recuperación ambiental.
La publicación de Vanguardia Liberal puso nuevamente el foco sobre el proyecto al advertir que la infraestructura no tendría conexión al sistema eléctrico, situación que plantea interrogantes sobre la planeación, supervisión y viabilidad técnica de la obra.
Uno de los aspectos que deberá esclarecerse es qué estudios técnicos fueron realizados antes de comprometer los recursos, qué entidad verificó su suficiencia, quién ejerció la interventoría y cuál es el estado real de ejecución física y financiera del proyecto.
¿Se utilizó Foncolombia para esquivar las restricciones electorales?
Otro de los capítulos de la denuncia está relacionado con la aplicación de la Ley de Garantías Electorales.
Los denunciantes sostienen que el mecanismo utilizado para asignar la ejecución a Foncolombia habría permitido trasladar recursos públicos a un fondo mixto y posteriormente contratar la ejecución de las obras, evitando las restricciones que aplican directamente a las entidades territoriales durante el período electoral.
Este punto es particularmente sensible porque las restricciones establecidas por la Ley 996 de 2005 buscan impedir que los recursos públicos sean utilizados con fines electorales y establecen limitaciones a determinadas modalidades de contratación y convenios durante los períodos previos a las elecciones.
Por eso, la investigación deberá establecer en qué fecha fueron aprobados los proyectos, cuándo fueron asignados los recursos, cuándo se designó al ejecutor, cuándo se suscribieron los contratos y si cada una de estas actuaciones se encontraba dentro de las prohibiciones o excepciones previstas por la legislación electoral.
Los recursos de regalías, otra pieza clave…
También existe una discusión alrededor del origen de los recursos utilizados para financiar estos proyectos.
Parte de los recursos estaría relacionada con el Sistema General de Regalías, lo que obliga a establecer con precisión cuál fue la ruta del dinero público desde su aprobación hasta su ejecución.
En este punto, la investigación debe determinar si los procedimientos utilizados cumplieron con las normas que regulan las regalías, la selección del ejecutor, la contratación derivada, la supervisión y la destinación final de los recursos.
Más que establecer responsabilidades de manera anticipada, el reto de las autoridades consiste en responder preguntas concretas: ¿quién decidió?, ¿quién autorizó?, ¿quién contrató?, ¿quién recibió los recursos?, ¿qué obra se ejecutó?, ¿cuánto se pagó y cuánto falta por ejecutar?
Las denuncias que ya habían sido advertidas
Revista Gente recuerda que este caso no aparece de manera aislada.
En publicaciones anteriores se habían planteado cuestionamientos sobre la contratación pública en Barrancabermeja, la utilización de fondos mixtos como ejecutores de proyectos y las relaciones entre contratistas, funcionarios y actores políticos.
Las publicaciones periodísticas también habían advertido sobre contratos en municipios de la región y sobre proyectos que, según las denuncias, no habrían alcanzado los niveles de ejecución inicialmente previstos.
Ahora, con la atención que ha generado el proyecto de las granjas solares y las publicaciones de otros medios de comunicación, aquellas denuncias vuelven a cobrar relevancia.
¿Qué está investigando la Fiscalía?
Las denuncias y documentos relacionados con estos hechos han llegado a conocimiento de organismos de control y de la Fiscalía General de la Nación. Corresponde ahora a las autoridades determinar si existieron conductas que puedan constituir delitos o irregularidades administrativas.
Entre los aspectos que podrían ser materia de investigación están la contratación de los proyectos, la destinación de recursos públicos, la eventual utilización de intermediarios contractuales, la legalidad de la participación de fondos mixtos y las actuaciones de funcionarios que intervinieron en la aprobación, asignación, contratación y supervisión.
Así las cosas, es necesario hacer seguimiento a este proceso hasta conocer qué ocurrió realmente con los recursos públicos y cuál es el estado definitivo de las obras.
Porque detrás de los millones asignados no solamente existen contratos y documentos: hay recursos que pertenecen a los ciudadanos y proyectos que fueron presentados como soluciones para las comunidades de Barrancabermeja.
La pregunta que queda sobre la mesa es sencilla, pero contundente:
¿Dónde están las obras, dónde están los recursos y quién responderá si se demuestra que hubo irregularidades?
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