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La preocupación y la incertidumbre se apoderaron de más de 20 madres y padres de niños diagnosticados con cáncer, afiliados a Sanitas EPS, quienes hicieron un llamado urgente a las autoridades de salud en Santander y a los organismos de control para que intervengan ante las presuntas dificultades que, según denuncian, están enfrentando para garantizar la atención médica de sus hijos.
De acuerdo con las familias, en las últimas semanas se han registrado retrasos en la entrega de medicamentos, demoras en autorizaciones y obstáculos para acceder oportunamente a tratamientos indispensables para combatir la enfermedad.
Los padres advierten que, tratándose de pacientes oncológicos pediátricos, cualquier interrupción en los tratamientos puede tener consecuencias graves sobre la evolución clínica de los menores.
A esta situación se suma la incertidumbre por un eventual cambio en el prestador de los servicios de salud, una posibilidad que ha generado alarma entre las familias. Según explican, sus hijos reciben atención en la Clínica San Luis, donde han construido un proceso médico de largo tiempo con especialistas que conocen en detalle cada diagnóstico, tratamiento y evolución.
Para los padres, modificar el lugar de atención significaría empezar nuevamente procesos administrativos y médicos que podrían retrasar terapias, controles y procedimientos que no admiten espera.
«Nuestros hijos no pueden darse el lujo de suspender un tratamiento o esperar semanas por una autorización. El cáncer no espera», expresaron algunos de los acudientes, quienes insistieron en que su petición no responde a intereses particulares, sino a la necesidad de proteger el derecho fundamental a la salud y a la vida de los menores.
Las familias recalcan que no están solicitando beneficios especiales, sino que se respete la continuidad en la atención, un principio esencial para los pacientes con enfermedades de alto costo, especialmente cuando se trata de niños y adolescentes.
Por ello, hicieron un llamado a la Superintendencia Nacional de Salud, al Ministerio de Salud, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación y a las personerías para que revisen la situación y adopten medidas que permitan garantizar, sin interrupciones, la atención integral de los pacientes oncológicos pediátricos.
Los padres esperan una respuesta inmediata de Sanitas EPS y de las autoridades competentes, al considerar que cada día de retraso puede representar un riesgo para la salud y la vida de sus hijos.
En un país donde el acceso oportuno a los tratamientos oncológicos es determinante para mejorar las probabilidades de supervivencia, las familias insisten en que las decisiones administrativas no pueden estar por encima del bienestar de los menores. Sus mensajes fueron claros, la lucha contra el cáncer no admite pausas, y la continuidad de los tratamientos debe ser una prioridad absoluta para el sistema de salud.
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