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Dos oficiales retirados del Ejército Nacional reconocieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que la Fuerza Pública tuvo conocimiento previo de la incursión paramilitar que culminó en la masacre de Barrancabermeja, ocurrida en mayo de 1998, y que, pese a contar con información clara, no se actuó para impedirla por órdenes superiores.
Durante su comparecencia, el capitán en retiro Álvaro Daza declaró que recibió instrucciones directas de no intervenir ni adelantar operativos, aun cuando se tenía certeza sobre la llegada de grupos paramilitares a la ciudad. Según su testimonio, la orden fue permanecer inactivo y no interferir en los hechos, decisión que admitió acató por obediencia institucional. En un acto de reconocimiento de responsabilidad, Daza pidió perdón a las víctimas y a la comunidad barranqueña por haber guardado silencio durante años.
Por su parte, el mayor retirado Oswaldo Prada Escobar afirmó que dentro del Ejército existió un encubrimiento sistemático de lo ocurrido. Reconoció que se ocultaron reuniones entre mandos militares y estructuras paramilitares, y señaló que la omisión de la Fuerza Pública constituyó una forma de participación indirecta en la masacre. Prada explicó que el silencio fue sostenido por disciplina interna y temor a represalias, pero aseguró que decidió declarar por una responsabilidad moral e histórica con las víctimas.
Las confesiones se produjeron en el marco de los procesos de verdad que adelanta la JEP y representan una ruptura significativa del llamado “pacto de silencio” dentro de la institución militar. Además, reavivan el debate nacional sobre la responsabilidad del Estado en crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano, especialmente en casos donde la omisión y la tolerancia facilitaron graves violaciones a los derechos humanos.
La masacre de Barrancabermeja, perpetrada por grupos paramilitares, dejó múltiples víctimas y marcó profundamente a la ciudad y al país. A más de dos décadas de los hechos, los testimonios conocidos ante la JEP abren una nueva posibilidad para el esclarecimiento de la verdad, la construcción de memoria y el reconocimiento de responsabilidades institucionales, elementos fundamentales para la reparación de las víctimas y la no repetición.
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