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La región del Magdalena Medio enfrenta un preocupante recrudecimiento del conflicto armado durante los meses de enero y febrero de 2026, según el más reciente informe de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos – CREDHOS. La intensificación de la disputa territorial entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC, el Ejército de Liberación Nacional – ELN, el Estado Mayor de Bloques y Frentes -EMBF y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada – ACSN, ha generado graves afectaciones a la población civil en distintas subregiones.
El informe advierte que los principales focos de confrontación se concentran en el Sur de Bolívar, el Valle del Río Cimitarra, el Nordeste Antioqueño y el Magdalena Medio Santandereano, territorios estratégicos por su conexión con corredores utilizados para economías ilícitas como la minería ilegal de oro, la producción de clorhidrato de cocaína y la extracción ilícita de combustible.
En la subregión del Sur de Bolívar, municipios como Santa Rosa del Sur, Morales, Montecristo, Norosí, Simití y Río Viejo han sido escenario de enfrentamientos armados, instalación de retenes ilegales, uso de explosivos lanzados desde drones y confinamientos de comunidades. Estas acciones han derivado en desplazamientos forzados, suspensión del transporte interveredal y restricciones a la movilidad, vulnerando de manera reiterada los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
En el Valle del Río Cimitarra, particularmente en zona rural de Yondó, se registraron combates que incluyeron el uso de bienes civiles como trincheras y ataques con explosivos que destruyeron viviendas, provocando el desplazamiento de al menos 20 familias, entre ellas niños, niñas y adultos mayores.
El Nordeste Antioqueño también enfrenta un panorama crítico. En Remedios y Segovia se han reportado enfrentamientos, homicidios y ataques con drones cargados con explosivos, generando confinamientos y desplazamientos masivos hacia municipios vecinos.
En el Distrito de Barrancabermeja se registraron 26 homicidios en los dos primeros meses del año, mientras que municipios como Puerto Wilches y Sabana de Torres también reportaron asesinatos y hechos violentos que evidencian la persistencia de la violencia estructural en la subregión.
El informe también alerta sobre el grave riesgo que enfrentan líderes y lideresas sociales, defensores de Derechos Humanos y firmantes del Acuerdo de Paz. Entre los hechos más dolorosos se encuentra el asesinato de la presidenta de la Junta de Acción Comunal del asentamiento Centenario, Nancy Valderrama Pinzón, y su hijo, en un contexto de disputa territorial entre estructuras armadas.
CREDHOS concluye que la degradación del conflicto armado en el Magdalena Medio exige una respuesta urgente e integral del Estado colombiano, con énfasis en la protección efectiva de la población civil, la garantía de los derechos fundamentales y la adopción de medidas que frenen la expansión y control territorial de los grupos armados ilegales.
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